En el marco de los cuarenta años de la firma de la «Declaración de Cartagena» (1984), uno de los instrumentos jurídicos más importantes de las últimas décadas en materia de protección y soluciones en América Latina y el Caribe, la Embajada de Chile ante la Santa Sede organizó una conferencia para posicionar las voces de los refugiados y desplazados forzados. El martes 2 de julio en el Palacio de San Calixto, junto a diversas organizaciones católicas, como el Servicio Jesuita a Refugiados y Cáritas Internacional, entre otras, abordaron los desafíos del contexto migratorio y formularon recomendaciones para los gobiernos en la elaboración del Plan de Acción de Chile 2024-2034.
La actividad se articuló en dos paneles. En el primero se dialogó sobre los antecedentes y perspectivas de futuro del proceso Cartagena +40, y contó con la participación de la Embajadora de Chile ante la Santa Sede, el Director de Migraciones de la Cancillería chilena; la representante del ACNUR en Italia, la Santa Sede y San Marino; el Secretario General de Cáritas Internationalis; el Subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y el Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.
En el segundo panel, se centraron en las contribuciones de las personas refugiadas y desplazadas, la Iglesia y la sociedad civil en este proceso, considerando la experiencia de acompañamiento que realizan las oficinas nacionales del JRS en México, Venezuela y Ecuador, y el Servicio Jesuita a Migrantes Chile (SJM Chile); así como la experiencia a nivel regional del JRS LAC, Cáritas LAC, la Red Jesuita con Migrantes (RJM LAC) y la Red CLAMOR, esta última representada por Beatriz Calixto, delegada de la Red Franciscana para Migrantes de las Américas (RFM).
En su intervención, Beatriz afirmó que la familia franciscana, inspirada en san Francisco de Asís, ha priorizado el cuidado de la casa común y el de los pobres. A partir de ello, clamó por “la protección de las personas desplazadas por los desastres naturales y los efectos adversos al cambio climático”, y al mismo tiempo denunció “la degradación medioambiental producto del monocultivo y el extractivismo; realidad que obliga a los Estados a dar respuesta a los desplazados ambientales tanto internamente como a través de las fronteras».
Al final de su discurso, la representante de la RFM y de la Red CLAMOR pidió a los Estados reconocer que el desplazamiento forzado y cambio climático en la región se vincula con un modelo extractivo que despoja, degrada territorios y limita el derecho a un medio ambiente sano. Ante ello, recomendó incorporar en el artículo 3 de la Declaración los desplazamientos por desastres y los efectos adversos del cambio climático como una causal objetiva en sí misma.
Las organizaciones entregaron al Gobierno de Chile un documento con varias recomendaciones, que incluye elementos propuestos en las tres consultas temáticas de abril, mayo y junio pasados, para la negociación de la Declaración y construcción del Plan de Acción de Chile, que se llevará a cabo en Ginebra durante el segundo semestre de 2024.